Andrea González Mesén.4 octubre

El hostigamiento verbal, el acercamiento indebido, los tocamientos, miradas lascivas, mensajes, obsequios… todos son parte del hostigamiento sexual que parece ser parte del día a día de muchos.

Solo en el 2017 se denunciaron 207 por hostigamiento sexual en entidades públicas, según el más reciente estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes. De acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres -el 77% de los casos- mientras que el 11% correspondió a hombres. Si tomamos en cuenta a la persona denunciada el 94% correspondió a hombres, un 4% de mujeres y un 2% no se reportó esa variable.

Las tres entidades públicas donde se registran más denuncias son el Ministerio de Educación Pública con 59 casos, seguido por la Caja Costarricense del Seguro Social con 51 casos y la Universidad de Costa Rica con 18 casos.

La mayor cantidad de personas denunciadas por hostigamiento sexual el 97% fueron mayores de edad, un 3% no se reportó esa variable y un 1% persona menor de edad.

En la mayoría de los casos la persona denunciada tenía igual posición de puesto en el trabajo; luego le sigue la posición de autoridad en relación docente-estudiante y, en tercer lugar, la variable considerada como “otro”.

En cuanto a las principales manifestaciones que presentaron las personas denunciadas en los casos resueltos durante el 2017 se menciona aquellas consideradas como verbales, luego acercamientos, tocamientos, miradas lascivas, mensajes, obsequios, entre otras.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes aceleró los procesos de capacitación de funcionarios y funcionarias de las entidades públicas encargadas de recopilar las denuncias y abrir los procesos de investigación en aras de fortalecer sus capacidades en la atención de estos casos de acoso de hostigamiento sexual.

Según esta entidad las medidas tomadas en algunas instituciones han propiciado la presentación de denuncias por parte de las víctimas de esta violencia y discriminación, al tiempo que se planeó una atenció adecuada de estos casos a lo interno de las instituciones, la fijación de medidas cautelares para la protección del procedimiento y de la víctima, la creación de instancias para el apoyo legal y psicológico de las víctimas, y la especialización de los procedimientos.